Los Países Miembros de la Comunidad Andina, frente a la aprobación por el Parlamento Europeo de la propuesta de “Directiva por la que se establecen sanciones aplicables  a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países”, expresamos nuestra profunda preocupación ante tal medida. 

Consideramos que la aprobación de esta Directiva y su posterior aplicación tendrá un impacto negativo en la promoción y protección de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular, toda vez que en lugar de endurecer las sanciones aplicables a sus empleadores, se debería privilegiar la inserción humana, laboral y productiva de las personas migrantes en las sociedades de destino. 

En el actual escenario de crisis económico-financiera internacional, que afecta a países emisores y receptores de personas migrantes, la aplicación de medidas restrictivas tal como lo plantea esta Directiva no ofrece una solución integral al fenómeno de la migración, al provocar una mayor vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular, y aumentar las posibilidades de que sean sujetos de explotación laboral. 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina exhortamos a los Gobiernos de la Unión Europea a reexaminar, dentro de un enfoque integral y comprehensivo, y en seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la V Cumbre ALC-UE, las diversas iniciativas legislativas comunitarias y sus compromisos internacionales en materia migratoria y laboral, con el propósito de identificar los desafíos comunes y las posibles áreas de cooperación para la gestión integral de la migración y el desarrollo, teniendo como marco el pleno respeto de los Derechos Humanos y Laborales de las personas migrantes y reconociendo sus aportaciones a los países de acogida.